PETROLEO

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS PARA LA DEFENSA DE LOS PENSIONADOS, JUBILADOS, PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD UNA GOTA DE PETROLEO PARA LAS PENSIONES EXPOSICION DE MOTIVOS LOS ADULTOS MAYORES EN VENEZUELA Venezuela se ha convertido en uno de los peores países para envejecer a nivel mundial, por cuanto en los últimos 7 años se ha producido una profunda afectación y regresión en las condiciones favorables de vida para las poblaciones más vulnerables, entre ellas, los adultos mayores. De acuerdo a cifras emitidas por el IVSS, el número de pensionados en los actuales momentos asciende a 4.5 millones incluyendo a los que cotizaron al IVSS y a los que no cotizaron, quedando una población flotante sin ingreso alguno, cuyas cifras se desconocen con certeza dada la opacidad que hay sobre esta materia desde las instituciones que deben emitir estas informaciones oficiales. El salario mínimo decretado periódicamente por el ejecutivo nacional, siempre muy por debajo de los niveles hiperinflacionarios que sacude al país, no les permite a los pensionados ni a los jubilados tener la capacidad adquisitiva suficiente para tener acceso a la compra de los alimentos ni de los medicamentos para el sostenimiento de la vida con condiciones de bienestar y buena salud. Por el contrario, nuestros ancianos se mueren por no alimentarse adecuadamente, cayendo en estado de desnutrición, y enfermedades crónicas al deteriorarse el mecanismo de defensa del cuerpo. Por otro lado, no pueden atender adecuadamente sus enfermedades, por menos letales que sean, dado que el IVSS ni ninguna otra institución del sector público les provee de los medicamentos necesarios para su recuperación, al mismo tiempo que no tienen capacidad adquisitiva para adquirirlos en el mercado farmacéutico nacional. La ONG Convite, ratificó la crítica situación de la alimentación en el país, al concluir que los adultos mayores venezolanos pierden entre 1 y 2 kilos al mes por el casi imposible acceso a una dieta adecuada, de acuerdo a un estudio que realizó en diciembre de 2018. Esta situación es más grave aún en el sector de adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de ingreso. Es común verlos haciendo colas ante diversas instituciones eclesiásticas o de cualquier otra índole que están proporcionado comidas, a fin de ayudarse en su alimentación. Así como también pidiendo ayuda en las calles de Venezuela, o vendiendo algunas bagatelas o hurgando de la basura para conseguir algo para alimentarse. Esto ocurre en un contexto donde el 48% de los hogares venezolanos sufre pobreza multidimensional y donde nueve de cada 10 venezolanos no tienen ingresos suficientes para adquirir alimentos. según la Encuesta de Condiciones de Vida de Vida ENCOVI, 2018. 

El director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), Francisco Valencia, denunció ante la ONU que el 87 % de la población venezolana vive en la pobreza, y seis de cada 10 en situación de pobreza extrema. Según el Banco Mundial, una persona se considera en situación de pobreza extrema si sus ingresos son inferiores a 1,96 dólares al día. El salario mínimo estimado para el mes de octubre de 2019 es de 150.000 bs lo que equivale a 6$ al mes y un ingreso diario de 0.2 $ !, en el marco de una hiperinflación por el orden de 4.0 millones % de acuerdo al Banco Mundial. Esta realidad de nuestros adultos mayores en Venezuela nos obliga a todos los sectores del país, a buscar salidas viables a fin de superarla por el bien de quienes hoy forman parte del sector y por los que a futuro ingresarán al mismo. EL PETRÓLEO La industria petrolera venezolana cumplió 100 años de existencia en julio del 2014, constituyendo el principal ingreso del país. Desde la década de los cuarenta, cuando comenzó la incipiente democracia, los movimientos sociales y partidos políticos comenzaron a reclamar que las ganancias de la industria sirvieran para resolver los graves problemas sociales, de allí surgió la frase atribuida a Arturo Uslar Pietri de "sembrar el petróleo". En efecto, a todos los gobiernos, sin excepción, se les ha reclamado la justa distribución de la riqueza y la respuesta ha sido la aplicación de programas sociales directos e indirectos en beneficio de la población. Históricamente,el excedente petrolero ha servido para financiar los programas sociales, para constituir fondos especiales y hasta para el pago de las prestaciones sociales de los universitarios, cuya deuda era impagable en dinero efectivo. También se ha recurrido a los excedentes del Impuesto Sobre la Renta, las ganancias de la empresa de comunicaciones (CANTV) para saldar la deuda social acumulada durante más de 40 años y las nuevas deudas internas adquiridas en el período actual. En todo caso, no puede negarse que las ganancias de la industria petrolera han servido para aplicar la política social de los gobiernos y para apuntalar los programas de previsión social y especialmente la construcción de viviendas populares. LAS PENSIONES. En el caso de las pensiones es importante acotar que desde la quiebra progresiva del Fondo de Pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual hizo crisis en el período de gobierno de Jaime Lusinchi(1984-1989), se han ensayado modalidades para el pago permanente a los pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia. Dado el malestar causado en la población pensionada por los continuos retrasos en el pago de las pensiones,como consecuencia de lo anterior, éstos decidieron organizarse en un Comité de DDHH e iniciar una intensa lucha por sus derechos a partir de 1991. En el segundo gobierno de Rafael Caldera, presionado por esta lucha y por la ineficacia y carencias de recursos del Fondo de Pensiones, se decide pagar las mismas a través deBANDES, en acuerdo entre el gobierno y El Comité, en un acto protocolar realizado en Miraflores, el 17 de abril de 1997, con la presencia del Presidente Caldera. En nombre del Comité este acuerdo fue firmado por el Prof. Edgar Silva, Coordinador Nacional. Desde entonces las pensiones se pagan con cargo al presupuesto nacional. Por otro lado, por iniciativa del Ministro de Hacienda, Raúl Matos Azócar, se creó un fideicomisocon el objeto de garantizar el pago de las pensiones y así mitigar las acciones de calle de los pensionados. Esa iniciativa duró poco tiempo porque estaba constituido por un "capital semilla" de 50 millones de bolívares y un préstamo por dos millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Al final, el préstamo de la CAF fue utilizado para pagar deudas retroactivas a los pensionados, en el marco del programa "Agenda Venezuela". En 1992, El Comité presenta un proyecto de Ley de Homologación de las pensiones del IVSS y de las Jubilaciones de la Administración Pública al salario mínimo nacional urbano, siendo Presidente del Congreso de la República el Senador Pedro París Montesinos, el cual no fue discutido nunca quedando engavetado. En 1994, ante el nuevo parlamento retomamos el proyecto de ley y lo presentamos como iniciativa popular, logrando que se aprobara en 1995, luego de fuertes movilizaciones de calle y vigilias frente a la sede del antiguo Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional. Esta Ley aún vigente, consagra esa vieja aspiración nuestra de que ninguna pensión ni jubilación debe ser inferior al salario mínimo, además de la homologación de las pensiones de las (os) sobrevivientes al salario mínimo (lograda desde el 2006) y los dos meses de aguinaldo para los pensionados (logrados desde 1998). En 1.999, durante el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, apostados frente a su sede, haciendo vigilias durante varias semanas, conminamos a los Constituyentistas a firmar un compromiso de apoyo a nuestras propuestas sobre los derechos de los adultos mayores en Venezuela, especialmente el texto que señalaque ninguna pensión ni jubilación deben ser inferior al salario mínimo, texto éste que ha sido bandera de lucha de nuestro Comité históricamente. Así nace el artículo 80 de la CRBV, pero que el gobierno actual ha utilizado para otorgar pensiones iguales al monto del salario mínimo, siendo que este monto debe ser un piso más no un techo, quedando abierto hacia arriba para otorgar pensiones proporcionalmente al número de cotizaciones y al salario de cada trabajador en el sistema contributivo, hacia lo cual tenemos que ir. En el año 2000, posterior a una marcha realizada por nuestra organización al Palacio de Miraflores en 1999 y habiéndonos reunidos con el Presidente Hugo Chávez, a quien le hicimos saber de nuestras exigencias en favor de los pensionados, se homologaron las pensiones al salario mínimo, dándose cumplimiento así a la norma constitucional. Pero, no se constituyó el FONDO DE PENSIONES, a pesar que el fallecido presidente Hugo Chávez anunció en una alocución que era necesario crear el Fondo de la Seguridad Social y estimó un monto como capital semilla de aproximadamente 3.000.000 de $. La lucha por lograr que las pensiones del IVSS no sean inferior al salario mínimo ha sido ardua por parte de nuestra organización. En los gobiernos anteriores de CAP y Caldera, en los segundos mandatos de ambos, cada vez que se aumentaba el salario mínimo teníamos que salir a la calle a solicitar dicha homologación la cual se obtenía finalmente. Lograda la aprobación de la Ley de Homologación en el año 1995, el Presidente Caldera inventa la figura de la bonificación del salario para no incrementar las pensiones, sin embargo, el movimiento salía a la calle a pelear también esa bonificación exitosamente. La Constitución (CRBV,1999) en el artículo 86 determina que el Estado debe asegurar el derecho a la seguridad social, creando un sistema universal y solidario, cuyo financiamiento debe provenir de contribuciones directas e indirectas. De igual forma, garantiza el amparo tanto a las personas con capacidad contributiva y ordena incluir a quienes no la tengan. De esa forma, se establece lo que técnicamente se conoce como pensiones contributivas y no contributivas. Partiendo de este mandato constitucional, la Asamblea Nacional inicia la discusión del Sistema de seguridad Social, desde el año 2002 hasta el año 2005, aprobándose la Ley Orgánica de Seguridad Social y cuatro leyes especiales, a saber, la Ley de Empleo, la Ley de Vivienda y Hábitat, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, quedando pendientes el proyecto de ley de pensiones y otras asignaciones económicas y el proyecto de ley de salud, columnas vertebrales de cualquier sistema de seguridad social. Sin embargo, estas leyes son actualmente letra muerta y nos seguimos rigiendo por la antigua Ley del Seguro Social de 1967, la cual se encuentra desfasada con respecto a los cambios habidos en el País en materia laboral, social y económica. Ahora bien, las pensiones contributivas son reguladas y administradas por el IVSS, con financiamiento de los patronos y los trabajadores (aportes insuficientes), más el aporte del Estado para los gastos administrativos. Las no contributivas, como parte de la previsión social,provenían del Instituto Nacional de Geriatría (INAGER), posteriormente transformado en Instituto Nacional de Servicios Sociales por mandato de la Ley de Servicios Sociales. Esas pensiones se pagaban con el eufemismo de "asignaciones económicas", con un monto inferior al salario mínimo nacional. Por norma constitucional se homologaron al salario mínimo. Posteriormente, el gobierno nacional escogió la vía de los programas especiales y excepcionales, como la Misión Amor Mayor Venezuela y luego la Misión Hogares de la Patria, para otorgar pensiones alos adultos mayores sin capacidad contributiva. Mas, no existe ni el fondo para las pensiones regulares (contributivas) ni el fondo para las pensiones sociales (no contributivas) lo cual obliga al gobierno a solicitar permanentemente créditos adicionales para honrar los compromisos con los beneficiados, en este caso, según cifras oficiales hasta la presente fecha a 4.5 millones de pensionados(as) con un gasto superior a los 30 mil millones de bolívares mensuales aproximadamente Los recursos propios del IVSS, por la recaudación a las empresas privadas y entidades del Estado, no alcanzan para el pago de las pensiones, por lo cual más del 90 % del dinero para el pago provienen del presupuesto nacional. Tampoco se ha logrado que la Asamblea Nacional discuta y apruebe la Ley de Pensiones y otras asignaciones económicas, mediante la cual se podría resolver la injusticia de un trabajador que cotiza al IVSS por 5 salarios mínimos y sólo recibe un salario mínimo de pensión, porque es homologada y no existe el sistema proporcional. Venezuela está considerada como un país de crecimiento moderado en el envejecimiento de la población. Sin embargo, la realidad indica que,aun aceptando la cifra oficial de cuatro millones y medio de pensionados, todavía quedan excluídos no menos de 800 mil personas adultas mayores que no cuentan con la pensión por vejez, Eso implica, por supuesto, el incremento del costo anual para honrar el compromiso con los adultos mayores y un esfuerzo mayor del gasto social en el presupuesto nacional. Por ello, consideramos que deben tomarse las previsiones para garantizar en los próximos años el pago oportuno de las pensiones. Se supone que la mayoría de la población ha contribuido en su vida laboral, en el sector formal e informal, con el pago del Impuesto Sobre la Renta, el IVA, las contribuciones parafiscales del IVSS, aportes al seguro de paro forzoso y a la vivienda, por lo cual han aportado su esfuerzo al desarrollo del país. El Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con discapacidad, considera que, en el cumplimiento de la norma constitucional, todos los venezolanos deben tener el derecho a la pensión universal,cuyo único requisito sea la contingencia de la edad. Mientras se alcanza la meta de la universalidad, es necesario comenzar a ahorrar un pequeño porcentaje de las ganancias petroleras, en dólares, cuya capitalización en pocos años pueda soportar el gasto mensual del pago de las pensiones. Ello se hace más imperativo si tomamos en cuenta que el precio del crudo venezolano ha bajado significativamentecon un promedio del año 2015 en $ 44,55, en el mes de diciembre del mismo año se cotizó en $29 por barril, en el mes de enero de2016 bajó a $22 y en lo que va del año 2019 se ha mantenido en un promedio de 56.29$. Si a ello le agregamos que, en Venezuela, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la población son 30.620.404 personas, pero extraoficialmente sabemos que sobrepasa los 34.000.000 de personasy la esperanza de vida al nacer es de 75 años, es indudable que ocurrirá el crecimiento de la población adulta mayor. Es más que evidente la necesidad de ahorrar dinero para soportar los gastos de la Seguridad Social dada la progresividad del envejecimiento poblacional, siendo esto un compromiso del Estado venezolano expresamente señalado en la Constitución. Por esas razones políticas, económicas y sociales, el Comité de Derechos Humanos para la defensa de los jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad (EL COMITÉ) propone lo siguiente: 

PROPUESTA: Después de 100 años de explotación petrolera, no contamos los venezolanos con un Sistema de Seguridad Social, por ello el Estado debe crear un FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL, cuyo financiamiento provenga de los ingresos de la industria petrolera, cuyas divisas se cotizan en dólares, en un porcentaje que pueda capitalizarse en pocos años. Dicho fondo, como establece el Artículo 86 constitucional, no podrá ser dedicado a otros fines, solo para el pago oportuno y permanente de las PENSIONES Y DEBE SER BLINDADO JURÍDICAMENTE Y ADMINISTRADO CON LOS CONTRAPESOS POLÍTICOS Y SOCIALES NECESARIOS, PARA UNA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE Y LIBRE DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. Es lo que nuestra organización social ha denominado: UNA GOTA DE PETROLEO PARA LAS PENSIONES. Propuesta que llevaremos a las instancias legislativas y ejecutivas, para su debido estudio, análisis financieros y cálculos actuariales para soportar su vigencia durante los próximos años p/ EL COMITÉ, Edgar Silva Herrera, Coordinador Nacional (0426-5579667); Arturo Tremont, Urimare Capote, Coordinación Nacional; Hildegar ävila, Carlos Blanco, Miguel Amarista, Pablo Urbina,(Caracas); María Viloria (Miranda); Sebastián Leal, Oswaldo Malpica(Aragua);Alba Morales, (Carabobo); Sira Pastora López (Yaracuy), María Emma Figueredo; Irma Mendoza (Portuguesa), Aura Riera (Zulia), Pedro Chirinos (Falcón); Xiomara Bauza (Delta Amacuro); Juan Flores (Apure), José Castellanos, Yaritza Peña, Américo Zapata (Bolívar). Caracas, octubre 2018